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Convivencia Humana y Social

5 octubre, 2014 Control Interno, Editorial 0 Comments

Por Luis Alberto Galvis Galeano

 

La pretensión de tener un Estado, y un conglomerado  social, que trata a los otros de manera equitativa, imparcial, solidaria, tolerante, respetuosa, diligente, que cuida del territorio, y protege los recursos colectivos, parece una utopía. Sin embargo, eso es lo que expresa el artículo 209 de nuestra Constitución Política.

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Los seres humanos, como producto de la evolución animal, poseemos dos instintos: 1). Supervivencia: Manifestado en el cuidado de los hijos, andar en manada, búsqueda de alimentos y protección contra depredadores, y; 2). Reproducción: Que se expresa en el sexo. De igual manera, como seres humanos, desarrollamos un instinto religioso, que permite dar explicación a lo que a nuestra inteligencia le es incomprensible.

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Los instintos mencionados conllevan a que los seres humanos desarrollen tres inclinaciones básicas, hacia: 1). El sexo, como producto de la reproducción de la especie; 2). El Poder, con el fin de controlar la “manada” y protegerse contra depredadores, y; 3). La Riqueza, como intención de cuidado de los hijos, tener los alimentos y defender el territorio. Lo que conllevó, poco a poco, a las primeras organizaciones tribales, a partir de la socialización y la interdependencia, a desarrollar su propia cultura.

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Con el transcurrir del tiempo, cada uno de éstos “pueblos”, asentados dentro de un territorio específico, dirigidos por sus líderes más fuertes, física y espiritualmente, y respaldados en una deidad, dieron origen a una forma social más compleja, El Estado.

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Los pueblos, asentados en un territorio, bajo una estructura de poder, desarrollaron sus propias normas de convivencia. Para nuestro caso, en el año 1991, se redefinieron éstas, estableciendo los lineamientos para una convivencia  armónica del “colectivo” y para que quienes asumieran la posición privilegiada de ejercer la “Función Administrativa” del Estado, lo hicieran en beneficio de todos.

Como en el diario vivir del conglomerado social se pueden dar comportamientos que atentan contra una convivencia armónica, en particular en cabeza de quienes ejercen la Función Administrativa del Estado, en ese gran manual de convivencia que es la Constitución de 1991, se estableció, en el artículo 209, los criterios de comportamiento que éstos deben seguir para no violentar el “colectivo”, que podríamos denominar los comportamientos deseables. En dicho artículo, además, en contexto con la finalidad del Estado, artículo 2, se determinó la existencia de “un control interno”, para garantizar el cumplimiento de éstos.

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Bajo éste concepto, se entiende entonces, de manera genérica, que los diferentes servicios del Estado deben ser prestados bajo criterios que garanticen la sana convivencia, que no violenten ni atenten contra el conglomerado, que permitan generar “confianza pública”, bajo la tutela de la figura de “Control Interno”.

Es esencial que las organizaciones públicas, como expresión de la Función Administrativa del Estado, entiendan que los comportamientos no deseables, tales como el trato desigual, la inequidad, la no solidaridad, las demoras injustificadas, la malversación del tiempo y los recursos, la no entrega de los resultados esperados, el no respeto a la dignidad, el no preservar el medio ambiente, el no comunicar los asuntos de interés del “colectivo”, entre otros, “ofende” y genera desconfianza para con quienes están en la condición de poder en el Estado.

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Lo anterior nos lleva a concluir que las organizaciones públicas deben ser dirigidas de cara a sus diferentes grupos de interés, llámense, para el caso de las ESE´s, Junta Directiva, clase político administrativa, Alta Dirección, empleados, proveedores, contratistas, usuarios, organismos de control, liga de usuarios, veedurías,…., buscando, además, que cada uno de ellos participe, que sea tratado con los criterios antedichos, en procura de cumplir la finalidad del Estado y ganarse la confianza pública. Donde el Control Interno, debe ser el instrumento que garantice la incorporación de dichos criterios a los elementos del Sistema que lo sustenta, de manera que la función de éste órgano, más allá de determinar el cumplimiento de unos requisitos mínimos, busque cómo incorporar en ellos los mecanismos para contribuir a una mejor convivencia humana y social.



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